Acaba de cumplirse un año. La situación apenas ha variado y las obras, por supuesto, aún no han terminado. Aunque tenía fecha del 29 de octubre, fue unas semanas después -a mediados de noviembre- cuando se conoció la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba nulo el proyecto del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz en el tramo de San Fernando. Luego llegaría otra. Y todo cambió.

Detrás de ambas resoluciones judiciales estaban los propietarios afectados por las expropiaciones que la Junta de Andalucía había llevado a cabo en la manzana de Montañeses de La Isla. Especialmente uno, Joaquín Moreno, el único que no llegó a cerrar un acuerdo con la Administración autonómica, promotora de las obras del tranvía, para abandonar su casa. Su empecinamiento, contra todo pronóstico, le llevó a ganar en los tribunales la batalla a todo un gigante, a la propia Junta de Andalucía, que se aferraba al evidente interés general de la actuación que estaba en marcha y que erróneamente pensaba que, precisamente por eso, nadie iba a poder parar las obras.

Un año después de aquella gran victoria que sumió en la incertidumbre a las obras del tranvía y a pesar de que, en cada recurso y resolución judicial, el proceso legal les ha dado sistemáticamente la razón, la Junta elude todavía llegar a un acuerdo económico con los afectados. Ni con Joaquín Moreno ni con ninguno de la veintena de propietarios que años antes fueron expropiados.

Todo sigue prácticamente igual. Sobre las obras pesa todavía una orden de paralización de los trabajos -en ejecución de la sentencia- pero la Junta se aferra también a razones ambientales y de seguridad para terminar la construcción del nuevo puente que cruza el caño de Sancti Petri, donde los trabajos han cobrado especial intensidad desde el pasado mes de agosto. El citado puente, de hecho, está casi terminado. Y ahora, como ayer adelantó este periódico, ha comenzado la retirada de los rellenos de tierra vertidos al caño para facilitar la colocación de vigas y pilares.

Con todo, en la zona de Venta de Vargas y de La Ardila, los trabajos llevan ya varios meses parados. Se calcula que no hacen falta más de dos o tres meses para que la obra -al menos, en lo que se refiere al casco urbano de San Fernando- esté completamente terminada.

Los isleños se muestran cada vez más escépticos ante las bondades de un proyecto que no hace sino multiplicar sus problemas -la polémica de los malos olores que despide la calle Real, que ha desatado las protestas de comerciantes y hosteleros es solo el último de ellos- y cuyas obras, iniciadas hace ya más de tres años, parecen no tener final.

Ahora, según explicó el abogado de los afectados por las expropiaciones de Montañeses de la Isla, José Antonio Gamero, mientras se resuelve la denuncia interpuesta en el Juzgado isleño ante la continuidad de los trabajos en el tramo de San Fernando, se ha conocido que la doble sentencia dictaminada por el TSJA hace ahora un año es ya firme. Es decir, que las obras son definitivamente ilegales.

Desde luego, era algo que se esperaba desde agosto. El Tribunal Supremo -al que la Junta presentó un recurso de casación que luego, este verano, optó por retirar- ha remitido los correspondientes autos al TSJA que, por consiguiente, considera ya firmes ambas sentencias. Así, explicó el abogado de los expropiados, se lo ha comunicado a las partes.

El proceso -una vez que prácticamente se ha descartado ya la posibilidad de llegar a un acuerdo económico- inicia así una nueva fase ya que esta nueva situación posibilita a los afectados, y especialmente a Joaquín Moreno, a solicitar a la Junta de Andalucía el pago de compensaciones económicas por los daños y perjuicios ocasionados a través de la propia sala cuarta de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se cree que finalmente tendrá que resolverse la situación al encontrarse las posturas de unos y otros muy distantes y, sobre todo, al considerar la Junta desorbitadas las cantidades económicas que se vienen reclamando.