Una profesora sevillana denuncia que la Universidad de Huelva le ha impedido acceder a una plaza porque tiene una categoría superior en otra universidad. Ni en las bases de la convocatoria ni en la nueva ley universitaria (la LOSU) se recogen estos preceptos, sostiene la denunciante, que asegura que esta situación afecta a varias personas más. 

La docente trabaja como Personal Contratado Doctor (PCD), con un contrato indefinido, pero pretendía acceder a una plaza de Ayudante Doctor (PAD), una categoría inferior, en la Universidad de Huelva. Lo hacía así para poder estar más cerca de su domicilio, que se encuentra en Sevilla. En la convocatoria, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 12 de diciembre de 2023, figuran una serie de requisitos técnicos como causa de exclusión, pero ninguno de ellos es el de estar en posesión de un contrato superior en otra institución.

Entre los requisitos específicos para acceder a la plaza se encuentran estar en posesión del título de doctor y no tener agotado el tiempo máximo de desempeño de servicios como profesor en la categoría de ayudante doctor, entre otras condiciones generales y otras adaptadas para las personas con discapacidad. En ningún punto de las bases se recoge específicamente que no pueden aspirar a la plaza personas con una categoría superior.

Sin embargo, la Universidad de Huelva la deja fuera del proceso de selección argumentando que no puede acceder a un contrato inferior al que tiene. La institución hace una interpretación propia del artículo 78 de la LOSU para dejarla fuera. Así figura en un escrito de respuesta a la apelación presentada por la docente. Dicho artículo, en su apartado c, dice que "las profesoras y profesores ayudantes doctores desarrollarán tareas docentes hasta un máximo de 180 horas lectivas por curso académico, de forma que la actividad docente resulte compatible con el desarrollo de tareas de investigación para atender a los requerimientos para su futura acreditación".

Dice la Universidad de Huelva que de esto "se desprende que la modalidad contractual está concebida para quienes aún no hayan obtenido acreditación para un puesto de PDI (Personal Docente e Investigador) de carácter permanente". Y añade que la letra e del mismo artículo precisa que "la duración del contrato será de seis años (...) que deberán conducirle a alcanzar los méritos requeridos para obtener la acreditación necesaria para concursar a una plaza de profesorado permanente una vez finalizado el contrato".

"Siendo, por tanto, que la persona que ya ha concursado y obtenido una plaza de profesorado permanente en la misma área de conocimiento, no puede volver a ocupar esa misma categoría, dado que ya ha superado ese periodo de formación y especialización conducente a la acreditación y a la estabilización laboral, finalidad última de la figura descrita y razón de ser última de la figura contractual descrita", concluye el escrito de respuesta de la Universidad de Huelva.

La docente, en cambio, argumenta que la única manera de poder cambiar de universidad es bajando de categoría, pues no existe un concurso de traslado ni de méritos. Alega también que estos motivos de exclusión son "ilegales" y que la Universidad se ampara unos requisitos "inexistentes, que no vienen en la convocatoria ni tampoco en la nueva ley LOSU".

"Se trata de una situación sin precedentes. Con la explicación que da la universidad en su escrito, siguiendo esa misma interpretación que ellos hacen, tampoco tendría sentido que se presente una persona que esté con un contrato de ayudante doctor de un año y, por tanto, haya recibido esa formación. Todas las afectadas hemos estado muy pocos meses de ayudante doctor", añade la profesora.

Paradójicamente, la Universidad de Huelva ha sido reconocida por la plataforma Dyntra como la institución más transparente de España "Cuando hablamos de servicio público hablamos de Servicio. De saber que estamos cumpliendo en el ámbito de la formación, de la investigación, de la transferencia de conocimiento al sector institucional y productivo. Con una misión que ninguna otra institución realiza ni va a realizar jamás: lo hacemos para llegar a aquellas personas que nunca, si no existiera la universidad pública, podrían formarse, podrían mejorar, podrían desarrollarse personalmente", dijo la rectora, María Antonia Peña en el acto en el que recogió dicho premio.

El asunto de la contratación ha adquirido ya cierto revuelo en las redes sociales, donde los docentes afectados han denunciado la situación. "¿Qué opciones reales y probables tiene una persona de acceder a un contrato en otra universidad, si no es aceptando incluso una rebaja de nivel, que aquí se prohíbe?", apunta un usuario de la red social Twitter. La Oficina Española de Integridad en Investigación, una asociación de asesoría a los investigadores, califica esta decisión de un "tremendo error".

La docente afectada ha elevado consultas a otras universidades españolas para preguntar acerca del procedimiento que siguen para la contratación. Son varias las que les han respondido dándole la razón. Una es la de Málaga, que asegura en su respuesta que "no excluye a profesores contratados doctores", si bien admite que "cada universidad tiene autonomía para determinar los criterios de admisión/exclusión". "De cara al futuro, la Universidad de Málaga está elaborando nuevos reglamentos para la contratación de profesores", añade esta institución académica.

Otra que ha respondido en los mismos términos en la de Universidad de Zaragoza. "Aunque, ciertamente, pudiera resultar un poco sorprendente concursar a plazas de profesor ayudante doctor teniendo la condición de profesor contratado doctor, hasta donde yo conozco, la LOSU no establece tal prohibición. En nuestra universidad no aplicamos tal restricción", dice el jefe del servicio de PDI de dicha entidad.