Pedro Sánchez se ha asegurado la investidura como presidente del Gobierno, previsiblemente la próxima semana, gracias a que contará con los siete votos decisivos de Junts. Para ello, ha pactado, en Bruselas, donde vive el líder de este partido independentista, el prófugo de la justicia y ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, una amplia ley de amnistía y un mecanismo de mediación y verificación internacional que ayude a negociar las discrepancias que mantienen ambos partidos. 

Entre ellas, los posconvergentes incluyen que Cataluña recaudará el 100% de los impuestos en su territorio o la convocatoria de referéndum legal de autodeterminación al amparo del artículo 92 de la Constitución española. 

Así consta en el documento que firmaron este jueves en Bruselas el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

El pacto político que desbloquea la formación de una mayoría alternativa para que Pedro Sánchez continúe en el Gobierno arranca con la constatación de ambos partidos de que “la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura atendiendo a la composición de las Cortes Generales resultante de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023”.

Esta es una de las claves del texto que formaliza el pacto, se llegan a acuerdos iniciales –fundamentalmente la amnistía– para permitir la investidura, pero se ponen las bases para que la legislatura tenga estabilidad a través de futuros pactos sobre asuntos sobre los que PSOE y Junts discrepan abiertamente, para lo que constituirán un mecanismo para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

Profundas discrepancias

De hecho, lo primero que hace el documento al detallar los acuerdos es afirmar: “El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender”.

Esas discrepancias se refieren a la legitimidad del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017, la celebración de otra votación similar al amparo del artículo 92 de la Constitución española o la consecución de un pacto fiscal que permita a Cataluña equiparse a los fueros de los que gozan País Vasco y Navarra y recaudar así el 100% de los impuestos en las cuatro provincias catalanas.

Así, “Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017” mientras "el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. Pese a ello, ambos partidos aseguran que "se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.

Es ahí, para lograr la consecución de estos acuerdos, cuando el PSOE cede al mediador internacional, que el documento justifica por "las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos.

Los acuerdos que se negociarán y serán visados por el mecanismo de mediación y verificación son, en primer lugar, la propia “metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes”.

El texto del documento señala que durante el presente mes de noviembre se desarrollará la primera reunión. En ella se abordarán “de forma no exhaustiva” las posiciones de cada uno.

“En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”, detalla el documento, que prosigue: “Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.

Esto supone al tiempo una cierta contradicción y una novedad, porque Junts defiende la legitimidad del 1-O y la DUI de 2017 al tiempo que, por primera vez, la consulta sea pactada y en virtud del articulado de la Constitución.

Enel ámbito de los “déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”. Mientras “el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña”. En este ámbito, afirma el texto, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para “facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

Ley de Amnistía

El eje central del acuerdo es la Ley de Amnistía, lo que permitirá rehabilitar a Carles Puigdemont y regresar a España libre y sin tener que dar cuentas ante la Justicia, lo contrario de lo que prometió Sánchez al comienzo de la pasada legislatura.

El texto señala que la Ley de Amnistía se ha acordado “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.

El acuerdo incluye que esta ley ampare “tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Esto prácticamente significa que el periodo que abarca la amnistía iría desde finales de 2012 hasta el momento actual.

El texto avanza que los grupos promoverán la constitución de “comisiones de investigación”, cuyas “conclusiones se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Otros acuerdos que se irán negociando son “la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio”.