El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que una de las prioridades del Gobierno es recuperar la normalidad institucional de la justicia, vinculada a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y su modernización.

Bolaños ha apuntado estas prioridades antes de clausurar las XIX Jornadas de Presidentes y Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia de España que se celebran desde este lunes en Granada.

El ministro de Justicia ha adelantado que este acto servirá para trasladar el reconocimiento por su trabajo y el respeto del Gobierno a la labor que hacen los jueces y magistrados del país.

Bolaños ha reconocido compartir con ellos la "preocupación común" por el buen funcionamiento de el servicio público de la justicia y ha apuntado que una de las prioridades del Gobierno es que la justicia recupere la "normalidad institucional", que llegará cuando se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

También ha fijado como una prioridad que mejore "y mucho" ese servicio público, para lo que ha apuntado que el Gobierno cuenta con un plan para la mayor transformación de la justicia en décadas basada en reformas legislativas y en mejoras acometidas con fondos europeos.

Con esas inversiones, el Gobierno pretende convertir la justicia actual en una del siglo XXI "ágil, eficiente y digital, lo que esperan los ciudadanos de un servicio que es esencial".

Durante la inauguración de las jornadas este lunes, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, abogó por un pacto global que permita la renovación de este órgano ante el "gravísimo" conflicto institucional y el "aterrador" proceso de polarización actual.

Estas afirmaciones del ministro llegan en una reunión de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España, que se celebra estos días en Granada, y donde han reivindicado la separación de poderes, han mostrado su "preocupación" por la situación actual de la justicia y su "politización, real o aparente", y han pedido a los políticos acometer su modernización y la renovación del CGPJ.

Estas apreciaciones se incluyen en las conclusiones, acompañadas de una declaración institucional, con las que este miércoles se ha puesto fin al encuentro anual de presidentes de los TSJ, jornadas que abrió el lunes pasado el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y que hoy a clausurado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el documento hecho público al término del encuentro, los presidentes aluden al esfuerzo de jueces y magistrados en la prestación de este servicio público, e inciden en la importancia del modelo de Estado contenido en la Constitución, "con una organización territorial descentralizada desde el punto de vista político, que contempla un Poder Judicial único e independiente, como uno de los tres poderes clásicos".

Reiteran, por tanto, la necesidad de respetar el principio de separación de poderes y mantener al poder judicial como "garante de los derechos de los ciudadanos y cauce para la contención y control de la actuación de todos los poderes públicos".

Además, manifiestan su "preocupación sobre la situación general de la justicia: su diseño constitucional, el encaje institucional de su órgano de gobierno, su politización, real o aparente, y los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace décadas".

Los presidentes de los TSJ se dirigen en el escrito a los responsables políticos para pedirles que cierren, "de una vez por todas, con el mayor consenso y sensibilidad, el proceso inacabado -o apenas iniciado- de modernización de la justicia", sobre la que permanecen invariables, dicen, grandes retos pendientes, como el de reforzar institucionalmente el poder judicial y resolver "de una vez y para siempre" la crisis institucional del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018.

Además de reclamar una "profunda y urgente reforma" para solucionar las carencias organizativas, estructurales, legislativas y tecnológicas, observan con preocupación la "permanente descalificación" de su función: "esto es, de nuestra legitimidad para decidir (que no al sentido de la decisión), que conlleva el creciente deterioro de la imagen de la justicia", con el riesgo añadido, agregan, de provocar pérdida de confianza entre la ciudadanía.

Los presidentes de los TSJ consideran necesario buscar los mecanismos legales que refuercen el estatuto profesional del juez en el ejercicio "independiente e imparcial" de su función, dotándolo para ello de un contenido material que "aleje planteamientos que lleven a una falta de credibilidad por la previa actividad política de jueces".

Para mejorar la imagen del juez ante la sociedad, proponen medidas internas dirigidas al propio colectivo judicial, y otras externas que tienen por objeto los medios de comunicación y entre las que incluyen reforzar un programa formativo sobre educar en justicia, campañas divulgativas sobre la función judicial y otras formativas para los presidentes de los TSJ.

El resto de conclusiones se dividen en otros seis apartados entre los que se incluyen los referidos a los retos de la jubilación masiva, para lo que piden convocatorias anuales de oposición de jueces de entre 310 y 320 plazas o cobertura de vacantes conforme a principios de mérito y capacidad.

Respecto a la justicia interina -en 2023 un 11,5 % de las resoluciones fueron dictadas por jueces sustitutos o magistrados suplentes-, proponen entre otras medidas hacer más atractivas las sustituciones mediante el aumento de las retribuciones, y en cuanto a la creación de unidades judiciales en 2025, piden aumentar el número de plazas de jueces de adscripción territorial en las zonas de especiales características que lo requieran.

Los procesos de transformación digital y la mejora de la comunicación con las personas con discapacidad han sido otras de las cuestiones abordadas en las jornadas de presidentes de TSJ, que se han mostrado favorables a la creación de Juzgados comarcalizados de Violencia sobre la Mujer con competencia exclusiva y excluyente en esta materia, y propiciar que las víctimas puedan prestar declaración telemática desde los Juzgados de Paz o las oficinas de igualdad.