El entusiasmo de la Junta de Andalucía con la economía andaluza y la convergencia con España no se corresponde con las estadísticas. Todos estamos afectados de un sesgo interpretativo que nos lleva a sobrevalorar aspectos que otros infravaloran, pero los últimos datos sobre contabilidad nacional y regional indican que, sin entrar en detalle, las economías de Andalucía y España mantienen un comportamiento acusadamente paralelo desde el final de la pandemia. La primera creció 2,3 puntos en tasa interanual durante el primer trimestre de 2024 y la segunda 2,4, mientras que durante el pasado año la andaluza lo hizo tres décimas por encima de la española durante el primer semestre y cuatro por debajo durante el segundo.

Decía el profesor Cuadrado, cuando denunciaba la persistencia de los desequilibrios territoriales en la España de las autonomías, que si las economías regionales tienden a parecerse cada vez más en sus parámetros estructurales, también tenderán a comportarse de manera similar y más difícil será que se produzcan cambios en la estructura territorial de la desigualdad. Si las tendencias homogeneizadoras se imponen sobre las diferenciadoras, a una comunidad como Andalucía le resultará difícil abandonar el furgón de cola de las economías regionales españolas.

Cuando hablamos de estructuras homogéneas no nos referimos a la composición sectorial del PIB, es decir al peso de la industrial, el turismo o la agricultura, sino a otras sutilezas que determinan la capacidad para competir, como el salario relativo o la fiscalidad. Las diferencias en la estructura sectorial de la producción favorecen o perjudican la convergencia porque los determinantes de la coyuntura y las perturbaciones externas afectan de manera distinta a los territorios, pero algunas prácticas homogeneizadoras producen el efecto contrario.

La centralización de la negociación colectiva, por ejemplo, perjudica las oportunidades de empleo donde la productividad es más reducida, mientras que un salario mínimo común en todas las comunidades, tiende a reducir la competitividad en aquellas donde la diferencia con el salario medio es menor. La homogeneización de las normas reguladoras de la determinación de los salarios contribuye, por tanto, a la persistencia de las desigualdades en la medida en que dificulta la competencia salarial en regiones donde, como en Andalucía, la productividad y el salario medio son inferiores a la media.

La discriminación positiva en materia fiscal es una potente vía hacia la convergencia, pero la paradoja en España es que, salvo en Canarias, Ceuta y Melilla, las ventajas competitivas en materia fiscal se producen en los territorios más prósperos (País Vasco y Navarra). También es paradójica la frontal oposición del Gobierno a la bajada de impuestos en comunidades como la andaluza, cuyo fundamento es la exigencia catalana de impedirlo por todos los medios, conscientes de que la homogeneización fiscal favorece la persistencia de los desequilibrios regionales y su posición ventajosa en la jerarquía. Sobre todo si consiguen del Gobierno el pacto fiscal, aunque ello suponga el encumbramiento de la desigualdad en el conjunto.