La inversión adicional total necesaria para alcanzar la neutralidad cero para 2050 se estima en una media de 360.000 millones de euros al año, lo que representa alrededor del 2,3% del PIB actual de la UE-27. La neutralidad de carbono, huella de carbono cero, cero neto o neutralidad climática se refiere a conseguir emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero equilibrando la cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera con una cantidad equivalente retirada de la atmósfera, o fijada por plantas. Esa es una media estimada por un informe de expertos del Instituto Rosseau, realizado con el apoyo del grupo de Los Verdes del Parlamento Europeo. El documento especifica que, en el caso de España, necesitaría destinar un 3,2% adicional de su PIB al área de clima con una inversión total de 2,9 billones de euros de aquí a 2050, para situar así a España en la senda de la neutralidad climática.

Para Europa, alrededor del 70% de esta inversión adicional es competencia del sector público, lo que representa 250.000 millones de euros al año. Esto equivale a duplicar la inversión pública anual media. El informe destaca en sus conclusiones que estos costes también tienen el potencial de generar beneficios económicos y sociales, además de los innegables beneficios medioambientales para el clima la biodiversidad y la salud general de los ecosistemas. "Es primordial valorar el tiempo como un recurso cada vez más escaso. Si queremos y decisivas si queremos tener alguna de alcanzar los objetivos fijados y preservar las condiciones de habitabilidad de la Tierra", subraya.

Además, realiza un llamamiento a la acción concreta en políticas medioambientales apuntando que "la dirección está ahora clara y los compromisos financieros bien entendidos". "Queda la necesidad crucial de coraje y voluntad política. El obstáculo no es un déficit de conocimientos o capacidades, sino la falta de determinación colectiva y compromisos tangibles", apuntan.

El caso español

El informe titulado La carretera hacia el cero neto, Superar la brecha de la inversión verde señala que España necesita hacer "esfuerzos sustanciales para ampliar la red ferroviaria y la infraestructura de movilidad flexible" y recomienda que aumente la inversión pública en transporte en 9.000 millones de euros al año.

El Instituto Rousseau dedica también un capítulo a la agricultura, en el que aboga por una conversión del sector hacia prácticas sostenibles que potencialmente reducirían la producción pero sólo de manera "insignificante" que garantizan "una producción suficiente para alimentar a toda la población de la UE y satisfacer las necesidades clave de exportación de lácteos y trigo".

Propone introducir un impuesto a la carne "producida de manera intensiva" y dedicar esos ingresos fiscales para "compensar a los criadores afectados" y "financiar reducciones de precios para los alimentos orgánicos y extensivos".

Recomienda también apoyar con fondos públicos la conversión de la flota de tractores a vehículos de bajas emisiones y el uso de biogás, así como reducir los precios de los alimentos "orgánicos" para que sean asequibles para la mayoría de la población y proteger el mercado europeo de "importaciones baratas".

En el caso de España, que cuenta con el 15 % de la superficie agrícola de la UE, el informe destaca que proporcionalmente dedica menos apoyo público a la conversión hacia la agroecología que países con menos cultivos como Italia o Alemania.

Sistemas 100% agroecológicos

La palanca clave para reducir las emisiones en el sector agrícola de la UE es la conversión gradual de los sistemas de cultivo a sistemas 100% agroecológicos, consiguiendo una reducción del 25% de las emisiones. Las superficies de cultivo varían mucho de un país a otro. Los siete países estudiados representan el 63% de la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) europea, con Francia (18%) y España (15%) las superficies superficies más elevadas.