El Alto Tribunal recuerda en una reciente sentencia que los plazos de la instrucción “son de obligado cumplimiento”, no algo voluntario, y superarlos conlleva la nulidad de las actuaciones.

Considera que se ha vulnerado el derecho de defensa porque la investigación se ha desarrollado "a espaldas de los investigados durante más de cuatro años".

Una década de escándalos judiciales y el cambio de gobierno han socavado uno de los instrumentos financieros más prestigiosos que había en la Junta.

El juez José Ignacio Vilaplana acumula en una única causa las investigaciones que abrieron Alaya y Bolaños sobre los avales de Idea. El caso se remonta a hace siete años y lo que le queda.

El juez considera que no se han obtenido "indicios suficientes y solventes de criminalidad". Añade que no se observa una "deliberada y fraudulenta falta de control y fiscalización" por parte de la Intervención de la Junta y lo desvincula del uso de las transferencias en el caso de los ERE.

La agencia despidió a antiguos altos cargos e intermedios de las anteriores etapas socialistas. Los cesados reclaman la nulidad en los tribunales, que han dictado sentencias contradictorias.

Van a permitir el mantenimiento de 376 puestos de trabajo.

El Ministerio Público quiere que se investiguen en una misma pieza las ayudas concedidas a 18 empresas, de la causa Avales I, y las otras que se incorporaron en la segunda investigación.

Estas subvenciones se suman a las concedidas por la Junta con este instrumento hasta 2020, que superan los 20,9 millones.

El instructor no aprecia delitos de prevaricación ni malversación de caudales públicos más allá de "irregularidades administrativas".