Las profesoras Manuela Mora y Rosa Giles, confundadoras del grupo Derecho Público para la Gobernanza.

Las profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva Manuela Mora, Rosa Giles, Nuria Arenas y Soledad Arroyo han puesto en marcha el grupo de investigación Derecho Público para la Gobernanza, que tiene como objetivo asesorar a administraciones, empresas y particulares en la normativa sobre medio ambiente, un campo que se espera que cobre un gran protagonismo durante los próximos años. Uno de los principales desafíos que señalan reside en los riesgos que implica la actual liberalización y agilización de los trámites burocráticos para poner en marcha iniciativas económicas, porque se corre el peligro de que  se haga a costa de la calidad ambiental.

Con el paso del tiempo, la sociedad ha implementado normativas que han ido ganando terreno en su efectividad. No se trata ya de principios genéricos y buenas intenciones. Las mil y una caras del medio ambiente y la enorme sensibilidad que ha ido creciendo en la sociedad implica que cada vez sea más necesario contar con expertos en la materia que eviten dar pasos erróneos que en algunos casos pueden ser fatales. Ese avance en la normativa ha provocado un retroceso de la política de hechos consumados que fue tan recurrente años atrás y del que la geografía andaluza cuenta con varios ejemplos.

Las docentes disponen de una amplia experiencia en áreas del derecho público, específicamente del derecho internacional y de la Unión Europea, así como en derecho dministrativo y penal. Manuela Mora explicó que “el grupo de investigación se constituyó a principios de año y se encuentra integrado en el Campus Internacional del Mar (Ceimar), en el que está integrada la Universidad de Huelva”. Junto a Ceimar, dos de las docentes onubenses forman parte del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial de la Universidad de Huelva (C3it). Este organismo tiene como línea de trabajo fundamental, el concepto de inteligencia territorial que es definido como un campo de investigación y un conjunto de conocimientos multidisciplinares relativos a la comprensión de las dinámicas de desarrollo territorial, así como a los métodos e instrumentos utilizados por los actores públicos y privados para generar, utilizar y compartir dicho conocimiento en favor del desarrollo territorial sostenible. Sin embargo, lo que confiere un carácter singular a la inteligencia territorial, como campo especializado, es la naturaleza del sujeto que desarrolla la investigación que no se reduce a una persona o un grupo que investiga, sino que constituye una comunidad o conjunto de actores territoriales portadores de un proyecto de intervención sobre el territorio cuyo objetivo es el desarrollo sostenible en cualquiera de sus facetas.

Ámbitos como la gestión de costas, el derecho ambiental, las energías renovables, el cambio climático o el aprovechamiento de los recursos naturales están incluidos dentro de los objetivos de este grupo que tiene en la transferencia de conocimiento una de sus banderas. La profesora de Derecho Administrativo, Manuela Mora, incidió en el elevado nivel de la legislación que sobre aspectos medioambientales han ido publicando Estado y comunidades autónomas, lo que conlleva, entre otros efectos, “tener que estar permanentemente al tanto de las novedades que surgen”. Tantas modificaciones o innovaciones pueden plantear dificultades en la aplicación de esta legislación, lo que hace imprescindible la actualización permanente en los profesionales.

Todo este maremágnum legal y la importancia que el medio ambiente tiene en la sociedad actual hacen que la labor de asesoramiento y conocimiento de esta realidad sea imprescindible no solo en el caso de las administraciones sino a la hora de poner en marcha iniciativas privadas: “Estamos en unos momentos en los que las cargas burocráticas se están aligerando a la hora de hacer realidad actividades económicas, sin embargo esta nueva situación no debe eximir del cumplimiento de la normativa y de los controles medioambientales y de ahí las posibilidades de transferencia que se propone el grupo” .

Mora reconoció que “se ha avanzado mucho en la legislación en estos últimos 20 años y creo que se ha conseguido un buen nivel en la normativa impulsada sobre todo desde la Unión Europea, al que responde una más que aceptable aplicación; en este sentido pienso que el mensaje debe ser positivo”.

Uno de los ámbitos que dará más juego en el futuro es el de las energías renovables. La normativa “ha estado muy parada durante bastante tiempo, pero nos encontramos con que el escenario jurídico está cambiando”. Así, en octubre del pasado año, se aprobó el Real Decreto sobre el autoconsumo, como ejemplo de “una norma compleja que precisa apoyo para su aplicación por los interesados”, y de ahí el interés del grupo.