La gestión de la política farmacéutica andaluza vuelve a estar en el centro de los debates sanitarios nacionales con los medicamentos genéricos como protagonistas. Si bien la caída del sistema conocido como ‘subasta de medicamentos’ se convirtió en una conquista del gobierno andaluz de Juanma Moreno, las políticas de ahorro en la factura farmacéutica de un sistema de la magnitud del andaluz no son eludibles desde el punto de vista de la gestión. Tanto un sector amplio de la industria como, especialmente, la farmacia comunitaria, abominaron de la medida por ser los suyos los bolsillos directamente más perjudicados.

Por su parte, la prescripción por principio activo fue una medida polémica cuando arrancó hace algo más de 20 años, en 2003, pero que se fue extendiendo progresivamente y entendiéndose como una herramienta eficaz en gobiernos autonómicos de diversos signo político.

Ahora, como medida para favorecer la dispensación de genéricos, el Servicio Andaluz de Salud y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han firmado una adenda, es decir, una modificación del actual Convenio por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las Oficinas de Farmacia de Andalucía.

Su objetivo será conseguir, por un lado, la promoción de la dispensación de medicamentos genéricos en las oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo, y, por otro, “la colaboración y contribución de las oficinas de farmacia a la sostenibilidad de la prestación farmacéutica en Andalucía, mediante una aportación económica sobre el consumo de este tipo de medicamentos”, según anunciaron ambas entidades el pasado 5 de abril en un comunicado.

El acuerdo fue anunciado en febrero, pero la negativa de muchos colegios ha ido modificando la negociación, que finalmente no ha alterado la parte más sustancial: las farmacias aportarán al SAS el 5% de la facturación que hagan por la venta de genéricos.

Veinte días después de hacer pública la rúbrica de este acuerdo, la Junta Directiva de Farmaindustria ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la medida. Farmaindustria rechaza este acuerdo al considerarlo “discriminatorio hacia la marca”, por lo que recurrirá la adenda ante los tribunales competentes. Según los datos que esgrime la patronal de la industria innovadora, los medicamentos de marca en España están al mismo precio que los genéricos. Concretamente, más del 82% de los envases dispensados en las oficinas de farmacia están a precio de genérico. Es así porque la regulación de la prestación farmacéutica pública en nuestro país, a través del sistema de precios de referencia y las agrupaciones homogéneas, iguala el precio de las presentaciones originales y genéricas al más bajo cuando finaliza la patente.

Para el SAS y el Cacof, la promoción de los genéricos es una vía necesaria, porque representan en España el 40% de las dispensaciones en el Sistema Público de Salud, por debajo de la media europea del 70%. Además, el colectivo farmacéutico confía en que esta adenda inspire “nuevas oportunidades de colaboración y avance en los servicios profesionales farmacéuticos”, un área en la que estratégicamente la botica aspira a dar pasos importantes en los próximos años.

Por su parte, Farmaindustria ha querido hacer énfasis en que los medicamentos de marca “aportan significativas ventajas frente a los medicamentos genéricos como son: el refuerzo del cumplimiento del tratamiento prescrito por parte del paciente, lo que genera incuestionables eficiencias para pacientes y sistema sanitario; ayudan a prevenir errores en el uso del medicamento; mejoran las labores de farmacovigilancia y seguimiento, o contribuyen a la estabilización de los tratamientos”.

Asimismo, la asociación empresarial ha querido extender la perspectiva sobre la política farmacéutica recordando el vínculo existente entre el uso de medicamentos de marca y la financiación para las actividades de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos que realizan las compañías innovadoras y que redunda, a su vez, en el sistema sanitario público.